De un intenso ambiente caldeado
que transcurre a frenético ritmo respecto al llamado “tarifazo”, emerge la imagen
del ministro más cuestionado del gobierno de Cambiemos: Juan José Aranguren,
titular de la cartera de Energía y Minería de la Nación.
Y digo que es cuestionado, por
varias razones, comenzando por las erróneas políticas públicas en el tema de las
tarifas de servicios públicos, de las que es cara visible y principal defensor.
En principio, ha sido autor de
polémicas frases, entre las que se pueden mencionar “vamos a llamar a audiencias informativas” o “si el consumidor
considera que el nivel de precio es alto, que deje de consumir”. En sus
presentaciones mostró una profunda insensibilidad respecto a aquellos
ciudadanos para los que un aumento del 400% en las boletas de gas y energía
eléctrica resulta una cifra capaz de desestabilizar su economía; y por otro
lado, desconoció aquellas prerrogativas que obligan a la realización de
audiencias públicas de consumidores para fijar los precios de las tarifas. Fue sólo
frente al reciente fallo de la Corte Suprema que se admitió su realización.
Pero no sólo eso: el gobierno y
el ministro se negaron a la interpelación a la que el Congreso lo llamó. Sólo
accedieron al llamado, cuando todo el arco político opositor (desde los más
filomacristas hasta los acérrimos opositores) decidió convocarlo
terminantemente.
Aún así, las polémicas en torno a
Aranguren no se terminan en la insensibilidad ante la cotidianeidad de las
familias y la falta de respeto a requisitos legales, sino que hay otros
aspectos que incomodan en torno a su figura. El titular de la cartera de
Energía es accionista de la empresa petrolera Shell, precisamente, del mismo
rubro al que el ministerio a su cargo debe controlar y regular, formando una
indefendible incompatibilidad. En simples palabras, Aranguren es juez y parte
en materia de energía.
En tal sentido, se ha defendido
al ministro diciendo que su participación accionaria en Shell es minoritaria. ¿Es
esa afirmación un argumento válido? Claro que no: tanto los estándares
internacionales acerca de anticorrupción, transparencia y calidad democrática,
como el sentido común, indican que- se trate de una pequeñísima parte o de la
mayoría de las acciones, no es correcto ocupar un cargo público que se cruzará
con la actividad privada de la persona en cuestión. Incluso académicos de
universidades extranjeras han hablado respecto al caso del ministro de Energía.
Parafraseando a Jorge Lanata
(aunque no sea el santo de mi mayor devoción), “no sólo hay que ser, sino también parecer”, de manera que no basta
con que Aranguren jure y perjure transparencia: las incompatibilidades no
tienen nombre y apellido, ni tampoco sus excepciones. No es una cuestión
cuantitativa, sino un principio de calidad institucional. Si se lo permitimos arbitraria
y caprichosamente a Juan José Aranguren, el precedente sentado será negativo.
De hecho, ya lo es.
Personalmente, no creo que sea lo
más adecuado pedir renuncias a ministros y funcionarios ante cualquier
denuncia, pues entiendo que la confianza que se deposita en un agente del
Estado debe estar dotada de cierta perdurabilidad, en el marco de lo razonable,
que permita desplegar un plan a mediano o largo plazo. No obstante, el caso de
Aranguren es particular: ha demostrado no estar a la altura del cargo para el que
se lo ha nombrado, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con su desempeño
en el ámbito privado, que bien puede ser óptimo. Las erróneas políticas
públicas en la cuestión de tarifas; el desconocimiento de la regulación en
materias que debería conocer y la clara incompatibilidad que presenta, hacen
que su situación no sea sólo una más.
El mismo Ministro de Energía dijo
que a él “Lo puso y lo saca el Presidente”.
Entonces, Presidente, ya es hora que el desconocimiento, la
incompatibilidad y la inexperiencia queden afuera del gabinete.
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